N° U.I.	29038
Fecha Salida	14/02/2018 
Estado	Público
Vocalía	
Municipalidades B
Expediente	4008-01763-2017-0-1 
Ente	[008.0] Municipalidad de BALCARCE
Ámbito	Municipal
Resúmen	
Consulta: el señor Intendente del Municipio de BALCARCE, consulta sobre el proyecto de Ordenanza, por el cual se autoriza el llamado a licitación privada para la venta de lotes de propiedad de la comuna - aptos para la construcción -, con el fin de resolver el problema del acceso a una vivienda propia.

Manifiesta que las normas deben interpretarse armónicamente respectando la jerarquía constitucional. Sostiene que resulta arbitrario aplicar exclusivamente el Decreto Nº 9533/80 en el caso de autos, ya que si bien constituye un régimen regulatorio en la materia, no impide la aplicación de otras normas.

Señala que el Municipio se encuentra facultado para vender bienes inmuebles mediante licitación privada a tenor de lo expuesto por el art. 159 inc. 1º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, estableciendo que los bienes municipales podrían enajenarse por licitación privada cuando el valor estimado para la operación supere la suma de pesos 209.204,00 y no exceda de peso 627.609,00 conforme resolución del Ministerio de Gobierno Nº 436/17.

Asimismo, cita dictámenes de Asesoría General de Gobierno, de este Honorable Tribunal y licitaciones realizadas por otros Municipios.

Respuesta: La antinomia – conflicto de leyes - es la situación en que dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico, que concurrenen el ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto  supuesto  fáctico, y  esto  impide  su  aplicación simultánea.

En el caso traído a consulta existen dos Decretos Leyes que en principio resultarían aplicables: 1) El Decreto Ley Nº 6769/58 - Ley Orgánica de las Municipalidades - y 2) el Decreto Ley Nº 9533/80 – Régimen de los inmuebles del dominio municipal y provincial -.

Antes de declarar la existencia de una colisión normativa, el juzgador debe recurrir a la interpretación jurídica, con el propósito de evitarla o disolverla, pero si no se ve factibilidad de solucionar la cuestión de ese modo, los métodos o criterios que resultan aplicables e este caso para la solución de antinomias mediante la permanencia de una de ellas y la desaplicación de la otra, son:

1) Criterio cronológico (lex posterior derogat legi priori), en caso de conflicto entre normas provenientes de fuentes jerárquicamente equiparadas, es decir, dispuestas sobre el mismo plano, la norma creada con anterioridad en el tiempo debe considerarse abrogada tácitamente, y por tanto,ceder ante la nueva; y,

2) Criterio de especialidad (lex specialis derogat legi generali), ante dos normas incompatibles, una general y la otra especial (o excepcional), prevalece la segunda, el criterio se sustenta en que la ley especial substrae una parte de la materia regida por  la  de  mayor  amplitud,  para  someterla  a  una  reglamentación  diversa  (contraria  o contradictoria).

En el caso que nos ocupa, el Decreto-Ley Nº 6769/58 titulado “Ley Orgánica de las Municipalidades” es una ley general sobre las Comunas. Por su parte el Decreto-Ley Nº 9533/80 titulado “Régimen de los Inmuebles del dominio Municipal y Provincial” es posterior a la Ley Orgánica de las Municipalidades, y regula en lo que aquí interesa, específicamente lo atinente al régimen de los inmuebles en las Municipalidades.

Vale decir entonces que, nos encontramos frente a dos normas de mismo rango -  Decretos-Leyes -, uno es posterior al otro y además el que es posterior es específico sobre la materia. Resulta fácil dilucidar entonces que el régimen de venta de los inmuebles del dominio Municipal se encuentra regulado por el Decreto-Ley Nº 9533/80 (arts. 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27), y sólo en los aspectos puntuales no contemplados por la norma citada regirá el Decreto-Ley Nº 6769/58 (ver expediente de la Municipalidad Bragado Nº 5300-5/2013 y de la Municipalidad de Rivadavia Nº 4094-122-2016-0-1).

En el expediente citado de la Municipalidad de Bragado este Honorable Tribunal sostuvo: “La norma especifica que regula la transferencia de inmuebles del dominio privado en las municipalidades es la Ley Nº 9533/80. La cual exige que sean realizadas mediante pública subasta o en forma directa en los casos taxativamente permitidos…..la doctrina de este organismo ha dictaminado que ante aspectos puntuales no contemplados en la misma, rige lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades. A tal efecto, el artículo 159 inciso 3º, apartado f), establece que podrán enajenarse en forma directa los inmuebles que formen parte de planes de vivienda, previa tasación oficial de los mismos.

En función de lo expresado, se entiende que si la transferencia onerosa del inmueble se realizó con el propósito de que forme parte de un plan de viviendas y la Ley Orgánica permite que se enajene en forma directa, resultaría procedente que se realice la misma mediante una licitación privada, la cual requiere mayor nivel de exigencia. Distinta es la interpretación si la transferencia del inmueble persigue otros propósitos al descripto, en cuyo caso se entiende que es de aplicación la exigencia de la Ley Nº 9533 ya citada.”

A mayor abundamiento, vale aclarar que el art. 193 inc. 5 de la Constitución provincial dispone que “Las atribuciones expresadas –en relación a las atribuciones inherentes al régimen Municipal-  tienen las siguientes limitaciones: Las enajenaciones sólo podrán hacerse en remate público.”

A su vez, el art. 159 de la LOM dispone “Los bienes municipales serán enajenados por remate o licitación pública. No obstante podrá convenirse la venta:

1- Por licitación privada, cuando el valor estimado para la operación no exceda de cuarenta y ocho pesos con sesenta y tres centavos ($ 48,63)….

3. - Directamente:….

f) (Texto según Dec-Ley 9448/79) De inmuebles en planes de vivienda y de parques y zonas industriales.”

Adviértase que el art. 159 habla de “bienes municipales”, sólo el inc. 3 apartado f) contempla una situación especial de venta directa en caso de “bienes inmuebles” en planes de vivienda y de parques y zonas industriales –aspecto no contemplado en el Decreto ley 9533/80-.

Respecto del dictamen agregado a fs. 30/vta. de Asesoría General de Gobierno, el mismo dispone en el punto 4.1 “Régimen legal aplicable: Tal como lo ha señalado este Organismo asesor en los precedentes referenciados, en lo que hace estrictamente a la venta de bienes inmuebles de dominio privado municipal –como seria el caso de marras-, resulta de aplicación – además del sistema normativo especifico contenido en la LOM- el régimen  previsto en el Titulo II, capitulo II del citado decreto Ley Nº 9533/80”

            4.1.1. Articulo 8: Se dispone que “A los efectos de la venta y concesión de uso de inmuebles las Municipalidades se regirán por las disposiciones contenidas en los Capítulos III y IV del Titulo II de la presente Ley.

            4.1.2. Artículo 21: establece el procedimiento de la subasta pública como regla general de enajenación de tales bienes, estableciendo asimismo los casos en que la venta podrá efectuarse en forma directa (art. 25).”

Asimismo el dictamen dispone en el punto 6 “Conclusiones: En virtud de lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno es de opinión que la venta de terrenos de propiedad municipal deberá realizarse teniendo en consideración los dispositivos normativos enunciados mas arriba”.

Por otra parte, el dictamen cita como antecedentes dos precedentes -expedientes Nº 4028-6535/07 y 4075-79/09- en torno al régimen legal aplicable a la venta de bienes municipales, los que se agregan a fojas 41 y 42 y de los que se desprende que el régimen aplicable es el del Decreto-Ley N º 9533/80 por ser norma específica.

Cabe recordar que la subasta pública de inmueble constituye un procedimiento administrativo, tendiente a obtener la oferta más conveniente a los intereses estatales y a permitir la concurrencia de la mayor cantidad de oferentes. En este sentido el Decreto-Ley Nº 9533/80 no prevé la licitación privada para la venta de inmuebles, solo considera la licitación pública o la venta directa para los casos taxativamente permitidos. Amén de interpretarse armónicamente las leyes  - y no habiendo el legislador previsto en el Decreto-Ley N° 9533/80 la licitación privada - es que corresponde tener una interpretación restrictiva respecto de las licitaciones privadas en materia de venta de inmuebles. Es una regla de interpretación jurídica compartida por pacifica doctrina y jurisprudencia, la que indica que no se debe presumir la inconsecuencia del legislador[1].

En función de lo expresado, en este dictamen y en el anterior, no caben dudas de que la norma específica que regula la transferencia de inmuebles del dominio privado en las municipalidades es el Decreto Ley Nº 9533/80, el cual exige que sean realizadas mediante subasta pública o en forma directa en los casos taxativamente permitidos.

Por lo expuesto en este dictamen no correspondería hacer lugar a la reconsideración interpuesta.

Sin perjuicio de lo expuesto, y visto el proyecto de Ordenanza, el cual prevé la venta de lotes a sus “actuales y/o futuros ocupantes” (art.1), bien podría darse el caso que el “actual ocupante” cumpla con el requisito del art. 25 inciso d) del Decreto Nº 9533/80, pudiendo procederse entonces a la venta directa. Asimismo, a fin de resolver la problemática habitacional y proceder a la venta directa de inmuebles -conforme lo expresado por el art. 159 inc. 3 apartado f) de la LOM – el municipio podría presentar un Plan de Viviendas.