N° U.I.	29801
Fecha Salida	07/02/2019 
Estado	Público
Vocalía	
Municipalidades B
Expediente	4055-754-2018-0-1 
Ente	[055.0] Municipalidad de ADOLFO GONZALES CHAVES
Ámbito	Municipal
Resúmen	
CONSULTA: Por las presentes actuaciones el señor Intendente de la Municipalidad de ADOLFO GONZALES CHAVES consulta en relación a la Ordenanza Nro. 3409/18 -sancionada el 25 de octubre 2018 y promulgada por Decreto Nro. 1114 del 2 de noviembre de tal año-, mediante la cual se crea el Registro de Estudios Jurídicos y/o Abogados en el Partido, con el objeto de tercerizar la gestión judicial y/o extrajudicial de cobro de créditos en mora.

A fs. 2/4 se agrega la ordenanza aludida, y concretamente en el marco de la misma, el presentante solicita que este Organismo se expida sobre los siguientes puntos:

1.- modo de realizar las liquidaciones a ser entregadas a los profesionales para procurar el cobro extrajudicial de la tasa (fecha de liquidación actual o con vencimiento dentro de los 30 días hábiles).

2.-  modo de realizar la confección de los paquetes de distribución de tasas vencidas  (hasta determinada suma o a prorrata de los profesionales inscriptos).

3.-  forma adecuada de realizar el seguimiento de los paquetes distribuidos.

4.- forma correcta de calcular y/o liquidar los honorarios judiciales/extrajudiciales de los letrados intervinientes representando a la comuna,  y sus gastos.

5.- forma de realizar los pagos a los profesionales intervinientes (a porcentaje de lo recaudado o por honorarios según tabla).

RESPUESTA: En forma previa, vista la Ordenanza -que involucra dos procedimientos disímiles en procura del cobro de acreencias municipales en mora-, corresponde efectuar ciertas consideraciones.

Con el fin de definir el alcance pretendido respecto de la ordenanza, señalamos que la misma en sus considerandos esboza un grado de incompetencia de parte de la Asesoría Letrada para efectuar las acciones judiciales que insumiría el reclamo de las deudas a los contribuyentes, agregando la necesidad de crear un registro de estudios jurídicos interesados, a fin de que éstos puedan llevar a cabo las acciones de apremio correspondientes. No obstante ello, el texto de la disposición establece la “tercerización de la gestión judicial y/o extrajudicial de las deudas”, ampliando de algún modo lo plasmado en sus considerandos.

No genera duda que la “gestión judicial” se refiere a los procesos de apremio, sin embargo no queda tan claro el alcance de la expresión “gestión extrajudicial”, aunque de lo establecido en el art. 5to. de la ordenanza, esta resultaría ser previa a la promoción de un proceso judicial, perdiendo su eficacia a partir de resultar optativo para el abogado que tiene a cargo la gestión de su cobro.

Por lo señalado, cuando la norma refiere a “gestión extrajudicial”, estaría aludiendo a una especie de gestión de cobro, cuyo procedimiento se encontraría regulado por la Resolución AG Nº 717/11 de este H. Tribunal; y por su parte, “la gestión judicial” (la que se realizará a través de mandatarios independientes) se encontrará alcanzada por lo dispuesto en las Circulares Nº 374 y 379 de este Organismo.

En este punto, debemos indicar que los procedimientos señalados poseen ciertas características particulares, que seguidamente hemos de considerar, referidas entre otras a  designación, procedimientos y retribución.

La forma en que se produce la retribución respecto de las dos gestiones es diferente. Como consecuencia de la gestión de cobro (instancia extrajudicial y administrativa) no se imponen honorarios a cargo del contribuyente, a partir de que quién efectúa la misma percibe un porcentaje del valor que recaude el municipio con motivo de su participación, y no se requiere una intimación previa al contribuyente por parte del municipio. Por el contrario, como el mandatario independiente percibe su emolumento a partir de un honorario -siempre a cargo del contribuyente-, debe mediar, antes de promoverse la ejecución, una intimación previa por parte de la comuna al contribuyente respecto de las deudas que se encuentran en estado de morosidad, otorgándosele de tal modo la oportunidad de regularizar las mismas sin que se le apliquen honorarios por tal gestión.

En síntesis, la retribución del tercero por las tareas relacionadas con la gestión de cobranza de tributos será mediante un porcentaje que abona la propia comuna, y la del apoderado externo a partir de una regulación judicial o de un pedido de homologación de los honorarios establecidos en un convenio –ellos a cargo exclusivamente del contribuyente-.

Por otra parte, teniendo en cuenta los plazos establecidos en el art. 5 de la Ordenanza (30 días hábiles para el profesional, a partir de la notificación del sorteo, para procurar el cobro extrajudicial; y 60 días hábiles para judicializar la deuda y presentar el apremio), se advierte que no le quedaría un plazo razonable al municipio para efectuar la intimación previa al contribuyente -establecida en el art. 4to. de la Circular Nº 374-, por lo que la misma debería efectuarse como etapa anterior a la notificación del resultado del sorteo del profesional que se encargará de procurar el cobro extrajudicial.

En cuanto a la designación, si bien la Resolución Nº 717/11 establece que la selección del adjudicatario que tendrá a su cargo la gestión del cobro debe efectuarse mediante licitación pública, la modalidad del Registro implicaría un llamado público para todos aquellos interesados –Abogados y/o Estudios Jurídicos- que reúnan los requisitos establecidos en el art. 1 de la Ordenanza Nº 3409. Por ende, dicho procedimiento vendría a suplir de algún modo la licitación, considerando que ambos tienen por objeto procurar la mayor participación de aquellos que reúnan las condiciones del llamado para ser co-contratantes del Estado.

Por su parte, el art. 2do. de la citada Ordenanza señala que “…a los inscriptos se les asignará …” , sin que ello implique algún proceso de selección. Esto es, resultaría suficiente inscribirse en el registro para hacerse automáticamente acreedor de participar en la distribución de los créditos a ejecutar. Esta disposición colisionaría con el modo en que debe efectuarse la designación de mandatarios independientes -los que también requieren de la inscripción en un registro habilitado al efecto- ya que la Circular 374 establece “…Art. 2do. Los postulantes a desempeñar funciones de mandatarios independientes deberán hallarse inscriptos en un registro que se habilitará al efecto, realizándose su selección conforme a los antecedentes que registren, o condiciones que acrediten y que aseguren su más eficaz gestión…” y por su parte la Circular 379 establece en su art. 1ro. “…el Departamento Ejecutivo municipal en su solicitud al Departamento Deliberativo sobre la designación de mandatarios independientes, deberá hacerlo señalando el nombre y apellido del profesional propuesto…”.

Como vemos, la redacción del citado art. 2do. de la Ordenanza sólo requeriría para las designaciones, la simple inscripción en el registro creado, desplazándolas de ese modo, del Departamento Ejecutivo –quien tiene incumbencia en la materia-  a la órbita del Concejo Deliberante.

A su vez, se entiende que se ha deslizado un error en la redacción del art. 9no. de la ordenanza, cuando señala que los pagos que no se efectúen a la orden del Juez que interviene en el proceso de apremio, deberán practicarse íntegramente en la caja de la Contaduría Municipal, cuando debió referirse a la Tesorería Municipal, tal como lo establece el art. 8vo. de la Circular 374 y conforme lo dispuesto en los arts. 189 y concordantes de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Efectuadas estas consideraciones se procederá a evacuar los puntos en consulta como sigue:

Al primer interrogante “…liquidaciones a ser entregadas a los profesionales a los efectos de procurar el cobro extrajudicial de la tasa (fecha de liquidación actual o con vencimiento dentro de los 30 días hábiles)…”. Ante la falta de facultad por parte del abogado para percibir en forma directa los importes que correspondan al tributo cuyo cobro se está  gestionando, la liquidación podría realizarse a la fecha en que se la entrega al profesional. Ahora, si lo que se pretende es que el contribuyente cuente con una liquidación que le permita al mismo efectuar directamente su pago (en las entidades bancarias autorizadas a tales efectos y/o en el propio municipio), devendría más práctico otorgarla con un vencimiento diferido, siendo razonable que coincida con el plazo otorgado al profesional en el art. 5to. de la Ordenanza 3409 (30 días hábiles).

Al segundo “…confección de los paquetes de distribución de tasas vencidas (hasta determinada suma o a prorrata de los profesionales inscriptos…”. La forma de distribución ha de ser la que el Departamento Ejecutivo estime más conveniente, optando por una o por otra, teniendo en cuenta lo que resulte más eficaz a fin de permitir la recaudación de los créditos morosos. Sin perjuicio de ello, deberán tener presente las autoridades municipales lo dispuesto en el art. 2do. de la Resolución 717/11, respecto de lo preceptuado en forma amplia para los tributos de ejercicios vencidos señalados en su art. 1ro., ya que los que establezcan periodos que venzan en el ejercicio en curso se encontrarán limitados a los Derechos de Publicidad y Propaganda, Derechos de ocupación o uso de espacios públicos y la tasa de inspección e instalación de antenas o conceptos análogos y de otros tributos municipales de similares características.

Al tercero “…Manera adecuada de realizar el seguimiento de los paquetes distribuidos…”. Tanto para el caso de la gestión extrajudicial, como de la judicial, el municipio deberá efectuar un control periódico de las gestiones realizadas por parte de los profesionales encargados de llevar las mismas. Si bien en el caso del cobro extrajudicial el abogado cuenta para ello con un plazo relativamente abreviado (30 días hábiles), el informe que ha de suministrar el mismo no podrá ser superior a dicho plazo, ya que vencido éste, deberá judicializar la deuda y una vez producido este último paso, la Circular 374 prevé un informe mensual, extendido en la práctica, pero sin superar los tres meses (conf. doctrina expte. 4181-29479/00 Municipalidad de San Vicente, agregada a fs.14 de estas actuaciones).

Al cuarto “…Forma correcta de calcular y/o liquidar los honorarios extrajudiciales/judiciales de los letrados que intervengan en representación de este municipio, como asimismo gastos útiles para el desarrollo de las tareas asignadas…”. Si se trata de la tarea extrajudicial –etapa de gestión de recupero-, la Resolución 717/11 establece que la contraprestación por el servicio se fijará en función de un porcentaje sobre las sumas efectivamente ingresadas; previendo para el caso de establecer el municipio moratorias, planes de facilidades de pago, reducción de intereses u otros actos derivados de políticas públicas instauradas que complementen  las gestiones encaradas, deberá convenirse una reducción de los porcentajes originalmente pactados  -art. 8vo. de la citada Resolución-.

Por su parte si se tratara de ejecuciones de apremios, deberá estarse a la regulación judicial y/o a la estimación de honorarios dentro de un convenio, que si bien en principio se inicia como extrajudicial –negociación particular entre la comuna y el contribuyente, equivalente a una transacción–, deberá ser presentado juntamente con el honorario para ser homologado judicialmente. Se recuerda en este punto que el simple requerimiento de la homologación resulta suficiente para acreditar el extremo requerido en el art. 6to. de la Circular 374. En estos casos, los mandatarios independientes se encuentran retribuidos exclusivamente con los honorarios a cargo del ejecutado, sin que posean derecho a reclamar suma alguna al municipio –por cualquier concepto– aún cuando el municipio resultare perdidoso en el proceso. Tampoco tendrán derecho a reclamar gastos en concepto de anticipo previsional, bono ley 8480, o cualquier otra erogación que corresponda afrontar a aquellos -art. 5to. de la citada Circular-.

En lo que respecta a la quinta inquietud “…Forma de realizar los pagos a los profesionales intervinientes (a porcentaje de lo recaudado o por tabla de honorarios…)”. Nos remitimos a lo respondido en el punto anterior.