N° U.I.	42
Fecha Salida	22/02/2005 
Estado	Público
Vocalía	
Municipalidades B
Expediente	5300-4100/05 
Ente	[009.0] Municipalidad de BARADERO
Ámbito	Provincial
Resúmen	Consulta: Si corresponde que automáticamente se proceda a incrementar la tasa de Seguridad e Higiene de acuerdo a la ordenanza vigente ante el otorgamiento de un aumento de sueldo, como consecuencia de que su monto está determinado en función de lo asignado a una determinada categoría de agente municipal; en su defecto, si necesita de una nueva ordenanza que disponga el aumento de la tasa a ser considerada por la Asamblea de Mayores Contribuyentes, o directamente no se está en condiciones del aumento de su monto de acuerdo a la Ley 25.561.

Respuesta: Prever en las ordenanzas impositivas mecanismos de determinación del valor a ingresar en concepto de tasas en función de determinados parámetros - sueldo de empleados, en este caso particular -, se entiende que se encuentra entre los mecanismos expresamente prohibidos por la Ley 25.561, que si bien modifica lo previsto por la Ley de Convertibilidad N° 23.928, mantiene al respecto una redacción similar.
Cabe recordar que el H. Tribunal de Cuentas en oportunidad de la sanción de esta última ley, dictó la Resolución circularizada bajo el número 347 que fijó los criterios para su aplicación en el ámbito comunal, estableciendo que las tasas se podrán ajustar automáticamente por la variación de índices de precios, aunque sea de un solo producto, hasta incluir los correspondientes al mes de marzo/91 (ultimo índice que se pudo aplicar); es decir, que para incrementar una tasa con posteridad a la citada fecha debe aplicarse exclusivamente el procedimiento fijado por el artículo 29 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, a través de la intervención de la Asamblea de Mayores Contribuyentes.
Reafirmado el criterio de que las Leyes 23.928 y 25.561 impiden toda forma de actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas y otros conceptos, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 1092/02 (ratificado por el artículo 62 de la Ley 25.725), por el cual se exceptúa de lo dispuesto por los artículos 7° y 10° de la Ley N° 23.928 a las nuevas imposiciones en entidades financieras y a las nuevas operaciones crediticias de tales entidades y los títulos de deuda o certificados de participación emitidos por el fiduciario de fideicomisos financieros constituidos en los términos de la Ley N° 24.441 y sus modificatorias, siempre que los bienes fideicomitidos sean préstamos u otros créditos respecto de los cuales sea de aplicación el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.) o el Coeficiente de Variación de Salarios (C.V.S.).
Lo señalado, en virtud de las atribuciones que le otorga el artículo 159, inciso 2) de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires a este Organismo, tiene por finalidad prevenir a las autoridades municipales de la existencia de una ordenanza municipal que incluye aspectos que no se ajustan a una norma de rango superior, que ante posibles reclamos de contribuyentes puedan generar perjuicios a las arcas municipales.
Que si bien el H. Tribunal de Cuentas no tiene facultades para determinar la nulidad de una ordenanza, pronunciamiento que exclusivamente le cabe a la Justicia, le corresponde formular las sanciones que considere necesario aplicar, a los efectos de resarcir a la Comuna de los perjuicios patrimoniales que se originen como consecuencia del dictado de normas que haya sancionado el H. Concejo Deliberante, a través de los concejales que votaron afirmativamente su sanción (art. 245 de la Ley Orgánica de las Municipalidades).