N° U.I.	26400
Fecha Salida	18/08/2015 
Estado	Público
Vocalía	
Municipalidades A
Expediente	4099-31434-2015-0-1 
Ente	[103.0] Municipalidad de SALTO
Ámbito	Municipal
Resúmen	
Consulta: Sobre las atribuciones que posee el Concejo Deliberante para crear e implementar la “Tasa de Seguridad en la Vía Pública”, y sobre la efectivización de su cobro en la boleta de consumo de energía eléctrica.

Respuesta: En lo que respecta al primer punto consultado, he de señalar que el art. 25 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece dentro de la competencia del Departamento Deliberativo municipal, el dictado de Ordenanzas, que deben responder entre otros conceptos, al de seguridad, por lo que en ese marco, la limitación estará dada por la atribuciones que sobre el tema posea la provincia o la nación.

            En esa inteligencia, el municipio se encuentra facultado para reglamentar la seguridad de las personas y de los bienes en el distrito de su jurisdicción con el alcance señalado en el párrafo anterior, y prever la implementación de una tasa que le permita cumplir con dicho objetivo. En este último caso, al tratarse de la creación de una tasa municipal, corresponde dar cumplimiento a las previsiones contempladas en el art. 193 apartado 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y respetar el procedimiento establecido en los artículos 93 y siguientes de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

            Con la documentación acompañada - Ordenanza Fiscal Nro. 003/2015 - se acredita que el tributo en cuestión integra la Tasa “Alumbrado Público, Limpieza, Conservación  y Seguridad en la Vía Pública”, aprobada en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes (fs. 11/59), promulgada por parte del Departamento Ejecutivo mediante Decreto Nro. 0143 de fecha 3 de febrero de 2015 (fs. 60). A su vez mediante Ordenanza Impositiva Nro. 004/2015 (fs. 61/93) se establecen las cuotas e importes de las tasas, derechos y demás tributos fijados por la Ordenanza Fiscal. Dicha Ordenanza se promulgó por Decreto Nro. 0148 de fecha 3 de febrero de 2015 (fs. 94). Por último, la Ordenanza Nro. 020/2015 (103/104) promulgada por Decreto Nro. 0449 de fecha 7 de abril de 2015 (fs. 105) procedió a modificar el art. 74 de la Ordenanza Nro. 003/2015, agregando que la facturación de la institución perceptora “Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad de Salto” - en relación a la tasas de Alumbrado Público y Seguridad en la Vía Pública-,  deberá discriminar el monto correspondiente a cada tributo.

            Todas estas Ordenanzas se encuentran vigentes y dictadas en el marco de las atribuciones que les corresponde a los Concejales y Mayores Contribuyentes, ello sin perjuicio de los cuestionamientos por nulidad que pudieran recaer sobre las mismas, ya que éstos se pueden plantear por distintos motivos, por ejemplo por tratarse de una doble imposición por parte de la Provincia y el Municipio, o por la pretensión de su cobro en forma conjunta con otras tasas, o por considerar confiscatorio el tributo, o por inconstitucionalidad de su imposición; como vemos los matices sobre los que pueden generarse pedidos de nulidades obedecen a una casuística que no se agotan con las que aquí se señalaron. El derecho de peticionar a las autoridades y el de recurrir al Poder Judicial a fin de obtener un pronunciamiento que invalide una decisión de la administración, es un derecho inalienable al que pueden recurrir todos los habitantes que entiendan se han lesionado sus derechos, tal como ha acontecido con los vecinos de Salto al promover la causa que se identifica como "Muza, Leopoldo Agustín y otros c/Municipalidad de Salto s/Pretensión Anulatoria", en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Mercedes, por lo que el simple hecho de la existencia de un proceso judicial, no impide a la administración continuar la tarea para la que ha sido llamada, de tal modo lo ha interpretado el juzgador al rechazar la medida cautelar intentada por los accionantes.

            Efectuadas estas consideraciones ingresaremos al tema de la facturación de la tasa, la que se realiza, para obtener su percepción, con la boleta de consumo de Energía Eléctrica.

            Liminarmente he de señalar que la Ley 11.769 - Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires - establece en su artículo 1°, que la actividad (servicio eléctrico) consiste en la generación, transporte y distribución de energía eléctrica en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. El art. 78 de la norma señala el detalle mínimo que debe poseer la facturación destinada al usuario, indicando expresamente en su quinto párrafo, que "... podrá ser incluido en las facturas, como concepto de prestación de servicios, el consumo medido, por alumbrado público...", habiéndose señalado por otra parte en el párrafo tercero, del mismo artículo, que "... podrán incluirse en las facturas conceptos ajenos a la prestación del servicio público, cuando tal procedimiento hubiera sido expresa e individualmente autorizado por el usuario y aprobado por el Organismo de Control y siempre que se permita el pago por separado de los importes debidos exclusivamente a la prestación del suministro eléctrico...".

            Por su parte el Decreto 2193 de fecha 5 de septiembre de 2001, procedió a reglamentar el art. 75 de la Ley 11769 (hoy vigente como art. 78) definiendo el “concepto ajeno” que se agrega a la tarifa neta y lo hace en forma negativa al señalar que es todo concepto que no constituye impuesto, tasa o contribución, cuya base imponible no esté vinculada con la condición de usuario del servicio público de energía eléctrica, para agregar posteriormente, que se pueden incluir en las facturas otros conceptos ajenos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, a condición de que el usuario preste conformidad expresa e individual, firmando una constancia a esos efectos. Finalmente cita que la falta de pago de cualquier concepto ajeno al precio de la energía consumida por el usuario, no constituye causal de incumplimiento para habilitar la interrupción o desconexión del suministro de energía eléctrica.

            De la interpretación de lo señalado en el párrafo anterior, la "Tasa de Seguridad en la Vía Pública" resulta ser una pauta extraña a la prestación del servicio público de energía eléctrica, no obstante el esfuerzo realizado en la Ordenanza al establecerse para dicha tasa, una determinación a partir de la base imponible por el rango del consumo del mes de la categoría tarifaria que establece el contrato de Concesión Municipal, - art. 72 Ordenanza 003/2015 -.

            Si bien, con la inclusión de efectuarse el cálculo de la tasa a partir de esa base imponible, determinada por el consumo eléctrico, pretendería otorgarse cierta apariencia de vinculación en los términos señalados en el art. 1ro. del referido Decreto; lo concreto es que el concepto resulta ajeno, por no guardar relación alguna con el servicio público de energía eléctrica. De otra manera, bastaría para no dar cumplimiento a la necesaria conformidad en forma expresa e individual del usuario, que todas las tasas que posea el municipio fijen como base imponible algún rango de consumo eléctrico. Va de suyo que ese solo recaudo no resulta suficiente para justificar la falta de ajenidad al servicio de energía eléctrica. De ese modo lo ha entendido el legislador, que ha facultado expresamente a los municipios a que se incluya a los contribuyentes en las facturas de electricidad de las prestatarias, la tasa por alumbrado, al resultar concepto vinculado con la condición de usuarios de energía.            Obviamente que la facturación de la Tasa de Seguridad en la Vía Pública por parte de la prestataria del servicio eléctrico, resulta ser práctica para el municipio a los fines recaudatorios, pero no resulta menos cierto que para efectuar la misma, deviene aplicable lo dispuesto en el art. 78 tercer párrafo de la Ley 11769, sin perjuicio de los avatares que conllevan cumplimentar todos los recaudos que establece la norma, resultando, en el caso, aplicable la expresión latina "Dura Lex, Sed Lex" (Dura es la ley, pero es la ley), situación que solo podría ser modificada por la legislatura provincial.

            Para mayor ilustración, consultar doctrina sentada en dictamen ofrecido a la Municipalidad de Alberti, Expte. N° 5300-550-0-0, que tiene directa relación con este tema.