N° U.I.	3140
Fecha Salida	11/07/2012 
Estado	Público
Vocalía	
Municipalidades B
Expediente	4119-2723/12 
Ente	[123.0] Municipalidad de VICENTE LOPEZ
Ámbito	Provincial
Resúmen	Consulta: vinculada con el proyecto de ordenanza donde se decide la adhesión del municipio al régimen establecido por la Ley Provincial N° 13810 (Régimen Nacional de Iniciativa Privada y Régimen Nacional de Asociación Público Privada). El aspecto puntual radica en saber si la implementación del sistema de asociaciones público-privadas acarrea algún tipo de inconveniente con el cumplimiento de las normas que contiene el actual sistema de contrataciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad.

Respuesta:
El proyecto de ordenanza de adhesión al Régimen Nacional de Iniciativa Privada y al Régimen Nacional de Asociación Público Privada remitido, adhiere a la municipalidad a los términos de la Ley Nº 13810 y su Decreto reglamentario 372/10, y a través de su artículo 5° faculta al Departamento Ejecutivo para determinar la autoridad de aplicación y para dictar las normas reglamentarias y complementarias que resulten necesarias.
Mediante la Ley Nº 13.810, la provincia de Buenos Aires adhiere al “Régimen Nacional de Iniciativa Privada” y al “Régimen Nacional de Asociación Público- Privada”, aprobados por decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nº 966/05 y Nº 967/05, estableciendo que los regímenes indicados serán aplicables a los proyectos de infraestructura, obras públicas, concesión de obras públicas, concesión de servicios públicos, licencias y/o cualquier otra modalidad a desarrollarse mediante los sistemas de contratación local regulados por la Ley Nº 6021 y los Decretos-Ley Nos. 9254/79, 9645/80 y 9533/80.
El artículo 4º del Decreto 372/10, en forma coincidente como lo establece el artículo 7º de la Ley 13810, invita a los municipios a dictar las normas reglamentarias necesarias para implementar en sus respectivos ámbitos dichos regímenes.
De acuerdo al artículo 1º del Anexo Único -Titulo I de la reglamentación del régimen de la asociación público-privada del citado decreto, define que las “Asociaciones Público-Privadas” se constituirán a través de la cooperación entre el Sector Público Provincial (léase municipal en este caso) y el Sector Privado, mediante la creación de un vínculo obligacional entre las partes, a fin de promover y facilitar la ejecución y desarrollo de obras públicas, servicios públicos u otra actividad delegable. A su vez, el artículo 4º prescribe que las formas de organización que deberán adoptarse para conformar las asociaciones público-privadas son las sociedades anónimas, los fideicomisos, las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) o cualquier otra forma o modalidad que resulte apta para cumplir con su objeto, razón por la cual se entiende que por tratarse en todos los casos de personas jurídicas de carácter privado, el sistema de contrataciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades no es aplicable, prevaleciendo el régimen establecido por la normativa en análisis.
En forma concordante, el artículo 9º del citado decreto -ámbito de aplicación para órganos y entidades provinciales- dispone que toda presentación de iniciativas como las tratadas en este dictamen quedará sujeta al régimen bajo consideración.
Asimismo, pese a no haberse consultado puntualmente, se considera necesario que se analice si es delegable por parte del Concejo Deliberante la facultad de calificar de interés público a todo proyecto o propuesta de iniciativa privada o asociación pública- privada que, en jurisdicción provincial, se reservó la Legislatura provincial, de acuerdo a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 13810.
Visto la complejidad del tema en tratamiento y los contornos de carácter jurídico que conlleva, se dispone el pase a la Secretaría a su cargo, a efectos de conocer su opinión a este respecto.

Secretaría de Asuntos Jurídicos: "Vienen estas actuaciones relacionadas con la consulta formulada por el señor Secretario de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales de la Municipalidad de Vicente López, respecto de si el sistema de Asociaciones Públicos Privadas acarrea algún grado de inconveniente con las contrataciones establecidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad.
El origen normativo de las figuras de los regímenes nacionales de “Iniciativa privada” y “Asociación Pública Privada” se encuentran aprobadas por Decretos del Ejecutivo Nacional Nº 966/05 y 967/05, cabe destacar que a nivel provincial la Ley 13.810 adhirió a dichos regímenes.
Ahora bien, al adherirse los municipios a dicha norma provincial, y previendo la misma organizaciones que se rigen por el derecho privado -que aunque poseen distinta naturaleza- no les resulta aplicable las disposiciones de las contrataciones regidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Sin perjuicio de lo señalado, he de manifestarme en el sentido de que si bien la figura de la Asociación Público Privada ha sido creada por Ley, y resultando este Organismo un Ente creado con el fin de efectuar el control de legalidad del gasto público, no resulta competente para determinar el valor ontológico que dicha figura tiene para el ámbito público.
En este sentido, subyace la grave dificultad que se origina al efectuar el análisis de la utilización del dinero público, que debe resultar compatible con el realizado en el ámbito privado, concluyendo que el traspaso del dinero público -para ser administrado por el ámbito privado- tergiversa la finalidad exclusivamente pública del interés general como meta primordial del Estado, ya que prevalecería previamente, el interés particular de las empresas que integren las Sociedades Anónimas, Fideicomisos o Uniones Transitorias de Empresas, encargadas de desarrollar las actividades de las Asociaciones Público Privadas.
Con esta premisa debería el legislador profundizar el análisis de figuras que puedan resultar factibles en el ámbito privado, pero que dificultan su accionar y control cuando aparece en escena el estado provincial en sus distintos estamentos.
A esta altura resulta ejemplificativo lo expresado por Fanelli Evans al señalar que cuando el Estado sabe lo que quiere y cómo lo quiere, confecciona el pliego y llama a licitación. En cambio, cuando sabe lo que quiere pero no cómo lo quiere, especifica el objeto de la concesión (contenido de la declaración de interés público) y convoca a la presentación de iniciativas privadas. Finalmente, cuando no sabe lo que quiere ni cómo lo quiere, recepta iniciativas privadas. (Fanelli Evans, Guillermo, La concesión de obra pública, Ciencias de la Administración, citado por Mertehikian, Eduardo, “La iniciativa privada en la concesión administrativa. (Breves reflexiones sobre su aplicación por los municipios bonaerenses)”, Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública -Rap: 218:12 y sigs. (nota al pie de página N° 3). Del mismo modo resulta aplicable lo señalado, cuando el Estado tiene la necesidad de recurrir a la formación de Asociaciones Publico privadas."