N° U.I.	29033
Fecha Salida	08/02/2018 
Estado	Público
Vocalía	
Municipalidades B
Expediente	4124-2079-2017-0-1 
Ente	[093.0] Municipalidad de VILLA GESELL
Ámbito	Municipal
Resúmen	
Consulta: El señor Intendente eleva consulta acerca de la aplicación del mecanismo de redeterminación de precios en relación a un contrato de obra pública financiada por la Nación, y así también sobre la posibilidad de utilizar para su pago los intereses ganados por la imposición del capital (fondos correspondientes a obra aún no certificada) a plazo fijo.

Acompaña actuaciones referidas al tema, las que se encuentran profusamente foliadas.

Específicamente, el consultante hace referencia a la “Obra de Ampliación y Repotenciación del Sistema Eléctrico en el Partido de Villa Gesell”, cuya realización fue autorizada por Ordenanza N° 2564 de fecha 17/11/2014, la que convalidó el Convenio Único de Colaboración y Transferencia registrado bajo el N° 001-546-2014 firmado entre la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación y la Municipalidad. El mismo tuvo por objeto la asistencia financiera de la dependencia nacional para la ejecución de la mencionada obra, estableciéndose para su realización total un plazo de trescientos sesenta (360) días contados a partir de la fecha de la Declaración Jurada de Inicio de Obra.

Surge del contrato adjunto que a través de la Licitación Pública 2/2015 -Expte. Municipal N° 1808/15-, la 1ª Etapa de esta obra fue adjudicada a la Unión Transitoria de Empresas Fontana Nicastro SA de Construcciones y Alto Sur SA – UTE, mediante el Decreto N° 2427 de fecha 17/09/15. La Cláusula Quinta del contrato suscripto el 28/9/15, establece un plazo de ejecución de seis (6) meses desde la Declaración Jurada de Inicio, plazo que sólo podía ser ampliado excepcionalmente por supuestos de fuerza mayor allí detallados. Uno de ellos refiere a las inclemencias meteorológicas.   

La apoderada de la UTE con fecha 21/11/17 presenta Nota donde alude a la extensión del plazo de obra a diciembre 2017, solicitando la prórroga del mismo hasta el 30 de junio de 2018, a resultas de las inundaciones ocasionadas por la cantidad inusual de días de lluvia (desde el mes de febrero de 2017 y que se prolongaron durante varios meses en el año) lo que ha dificultado o impedido la ejecución normal de los trabajos (de acuerdo a informe antes elevado con fecha 17/10/17). También adjunta Decreto Nº 2105 de setiembre 2017 por el que se declara al Partido de Villa Gesell en estado de emergencia hídrica por 180 días.

Así también la empresa requirió con fecha 27/11/17, en el marco de las solicitudes antes citadas, el reconocimiento y pago de redeterminación de precios, considerando las variaciones reconocidas según el régimen legal aplicable a la obra -Ley de Obras Públicas de la Provincia Nº 6021, en el Pliego de Bases y Condiciones -punto 5.6- y en el contrato -cláusula 22 i)-.

Señala que el cálculo que asciende a $ 25.503.853,91 -por aplicación del Decreto 2113/02-, comprende el mayor costo desde la fecha de oferta (agosto 2015) a junio 2017 (última variación), correspondiendo una parte a obra ya ejecutada (certificados emitidos a precios básicos Nº 1 a 4) y otra, a obra a ejecutar.   

Por su parte el Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la comuna en informe dirigido al Director de Asesoría Jurídica, reconoce la circunstancia motivo del reclamo del contratista respecto de la ampliación del plazo de obra, considerándola no imputable al mismo.

Asimismo, toma intervención la Contaduría municipal respecto del reclamo económico de la empresa -procedencia del reconocimiento de la variación de costos- y de la aplicación en su caso de los intereses generados por la colocación de los fondos destinados a la obra en depósitos a plazo fijo, expidiéndose en informe denominado “Alcance (49)”. En el mismo, considera factible tanto el mecanismo de redeterminación de precios de la parte de obra faltante de ejecutar (señalando la normativa aplicable por ser los fondos de origen nacional -Decreto Nacional Nº 961/16-), como también el segundo aspecto consultado.

Respuesta: 1. En cuanto a la primera inquietud, esto es la procedencia de la redeterminación de los valores del contrato de obra pública, empezamos señalando el marco normativo imperante:

En el ámbito municipal rige para la ejecución de las obras públicas, la Ley Orgánica de las Municipalidades y los pliegos afines a las contrataciones que se elaboren. Para todo lo que en ellos no se encuentre legislado, deben supletoriamente aplicarse las normas de la Ley Nº 6021 de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires -por imperio del artículo 149 de la LOM-. Dicha ley en su artículo 55 dispone el reconocimiento de variaciones de precios en los rubros vinculados a las obras.

Por su parte, si bien la Ley Nacional Nº 21.561 mantiene derogadas todas las normas legales o reglamentarias que establezcan o autoricen la indexación de precios, actualización monetaria, variaciones de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes o servicios, a nivel nacional el Decreto Nº 1295/02 estableció un mecanismo de redeterminación de precios de los contratos de obras públicas, invitando a las provincias a dictar normas similares en sus respectivas jurisdicciones. Es así que la provincia de Buenos Aires ha respondido a esa iniciativa dictando los Decretos Nº 2113/02 y 2508/10, ambos aprobados a efectos de establecer mecanismos tendientes a la protección de la ecuación económica financiera de los contratos de obras públicas regidos por la Ley Nº 6021, aclarándose que a partir del año 2011 ha quedado vigente el Decreto Nº 2113/02.

Este Organismo consideró viable la aplicación de tales mecanismos respetando los parámetros en ellos planteados, señalando incluso que cuando el Pliego de Bases y Condiciones no prevea mecanismo de ajuste o redeterminación, teniendo en cuenta que los decretos reglamentan una norma que se aplica supletoriamente en el ámbito municipal (Ley 6021), por tratarse -los mayores costos- de un aspecto no contemplado en la normativa citada al encontrarse derogadas las fórmulas que impliquen actualización de precios, se entiende que la aplicación de aquéllos no requiere la sanción de una norma de adhesión en el ámbito municipal.

Además determinó, considerando las disposiciones de los decretos, que se podrán redeterminar a solicitud del contratista, los montos de los contratos correspondientes a la parte de obra faltante de ejecutar; con lo cual la redeterminación de precios opera siempre hacia adelante, nunca en forma retroactiva, es decir no pueden reconocerse períodos anteriores cuando no hubiesen sido solicitados oportunamente. Se ha señalado que los reclamos anteriores sólo procederían en caso de expresa solicitud de redeterminación de parte del contratista y falta de efectivización del mismo por el municipio, o en el supuesto caso de haberse efectuado en cada pago de certificado la reserva correspondiente. (Expedientes Nº 4049-17686/03 Municipalidad de General Pueyrredón; N° 5300-1766/08 Municipalidad de Brandsen y Nº 5300-4537/05 Municipalidad de Campana, entre otros).

En forma posterior, como bien indica el Contador Municipal, el Poder Ejecutivo Nacional dictó un nuevo régimen de redeterminación de precios aprobado por Decreto Nº 691/16, invitando a las provincias a adherir a sus disposiciones o a modificar los regímenes locales a fin de lograr una armonización respecto de los existentes.

La reforma a nivel nacional aconteció a tenor de que el anterior régimen -Decreto 1295/02- se vio afectado en su vigencia por diversas causas -aumentos generalizados de precios, restricciones a la importación de insumos, tiempos de sustanciación del procedimiento lo que aumentó los reclamos administrativos y judiciales, paralización y ralentización del ritmo de las obras-.

En julio de 2017 y mediante Decreto N° 367/17, la Provincia establece un nuevo “Régimen de Redeterminación de Precios de los Contratos de Obra Pública regidos por la Ley N° 6021, modificatorias y complementarias”, para el caso de ofertas presentadas con posterioridad a su entrada en vigencia.

Dicho decreto deroga sus similares N° 2113/02, N° 2508/10, N° 45/11 y toda otra norma que se oponga al mismo, sin perjuicio de la aplicación a los casos no alcanzados por las disposiciones del mismo o en los supuestos en que el co-contratante no formule adhesión expresa. Aprueba el Anexo I -Capítulos I y II de disposiciones generales y adecuaciones provisorias y Cláusulas Transitorias-, Anexo A -estructura de ponderación de insumos principales-, Anexo B -valores de referencia- y Anexo C -modelo de solicitud-.

La Cláusula Transitoria 2ª del Anexo I del decreto prevé que para el caso de obras adjudicadas con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo régimen detallado en los Capítulos I y II, los contratistas podrán acogerse al mismo, adhiriéndose al régimen dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días de su entrada en vigencia y cumplir con la metodología allí detallada. Agrega que en el supuesto de no adhesión por parte de los contratistas o vencido el plazo indicado, las redeterminaciones de precios en trámite a la fecha de entrada en vigencia del régimen del Decreto 367/17, se regirán por el sistema y la metodología acordados oportunamente en los respectivos contratos.

También es de aclarar que el Anexo I señala que los precios de los contratos, correspondientes a la obra faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados  a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen reflejen una variación promedio ponderada de precios superior al porcentaje de variación que establezca la autoridad de Aplicación (Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos).

Definida toda la normativa, corresponde indicar que en el caso aquí tratado no se aportan antecedentes ni consideraciones acerca de la adhesión de la empresa contratista al régimen del Decreto 367/17, según disposiciones de la Cláusula Transitoria 2ª de su Anexo I, agregando que el origen de los fondos no es condicionante exclusivo de su aplicación.

Sentado todo lo anterior, esta Secretaría concluye que en tanto y en cuanto se hallare acreditada la justificación de la demora en la ejecución de los trabajos y documentada la extensión del plazo de obra, resultaría factible la redeterminación de precios por la parte de obra faltante de ejecutar -y con las consideraciones efectuadas-, debiendo estarse a la normativa aplicable según las circunstancias del caso, dejando resaltado como ya se expuso que la propia empresa, en planillas que acompaña, estableció el cálculo en base al Decreto 2113/02.

2. La segunda cuestión se refiere a la factibilidad de utilizar, para el destino pretendido, los intereses obtenidos a partir de colocaciones a plazo fijo de los fondos recibidos de la Subsecretaría Nacional para la obra, por el tiempo en que no fueron utilizados por las circunstancias acreditadas en las presentes actuaciones.

Preliminarmente, corresponde indicar que la doctrina de este Organismo ha encontrado procedente la constitución de tales inversiones financieras, con fondos provenientes de recursos afectados, momentáneamente ociosos. También se entiende apropiado el pago de las redeterminaciones de precios -las que resulten procedentes-, con el producido de tales inversiones.

Por otra parte, en cuanto a la entidad bancaria depositaria de las colocaciones a plazo, el artículo 2º de la Ley 13164 establece que “Los municipios podrán acordar con el Banco de la Provincia la realización de operaciones de colocación de dinero a plazo, bajo las condiciones y tasas que fijen de común acuerdo”: A su vez, el artículo 7º de la Carta Orgánica del Banco le otorga a dicha institución el carácter de “Tesorería obligada de los municipios”, lo que implica que es la única entidad bancaria donde pueden realizarse tales depósitos. Asimismo la Resolución Nº 635/08 del H. Tribunal de Cuentas -Criterios Prácticos RAFAM- en su punto 14) se refiere a estas colocaciones dentro del Banco Provincia, como única alternativa permitida por el marco legal vigente.

Finalmente, corresponde indicar que lo antes citado se comprueba con las constancias documentales agregadas a estas actuaciones.