N° U.I.	27085
Fecha Salida	16/05/2016 
Estado	Público
Vocalía	
Municipalidades A
Expediente	4021-1108-2016-0-1 
Ente	[021.0] Municipalidad de CARMEN DE ARECO
Ámbito	Municipal
Resúmen	
Consulta: Respecto de la validez de la Ordenanza Impositiva aprobada por la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes del Partido.

Respuesta: A tal efecto, acompaña la Ordenanza Preparatoria N°068/16 y la Ordenanza Impositiva sancionada en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes N°2816/16. Del simple cotejo de las mismas surge evidente la reducción de los valores en la segunda de las citadas respecto de la primera -Capítulos I, III y XVIII-. Por tal motivo, el señor Intendente entiende que esas modificaciones introducidas a la Ordenanza Preparatoria convierten a la Impositiva en nula -art. 105° de la L.O.M.-.

            Para determinar si la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes puede efectuar modificaciones respecto de la Ordenanza Preparatoria sancionada por el Concejo Deliberante -art. 29° apartado 2° de la L.O.M.-, debemos analizar previamente qué atribuciones posee la misma.

            La Asamblea de referencia se encuentra contemplada en el art. 193° incisos 2° y 3° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, para los supuestos de aumento o creación de impuestos o contribuciones de mejoras, y para la autorización de empréstitos sobre el crédito general de la municipalidad. Por otra parte, la composición de esa Asamblea y su funcionamiento se encuentran regulados en los arts. 93° a 105° de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

            De este plexo normativo podemos inferir que el constituyente ha requerido para la sanción de esas Ordenanzas el voto de la mayoría absoluta de los que integran la Asamblea, la que estará compuesta ya no sólo por los Concejales sino también por los ciudadanos (mayores contribuyentes) del partido que deben afrontar el pago de los nuevos valores de las gabelas. Este extremo es el que resulta distintivo del resto de las Ordenanzas municipales, las que son resueltas con la votación exclusiva de los Concejales Municipales (electos mediante el sufragio popular, en contraposición con los Mayores Contribuyentes que no reúnen tal condición, sino que su designación resulta de un procedimiento que se resuelve con el concurso de los dos Departamentos Municipales).

            Los Mayores Contribuyentes no son funcionarios municipales. Se inscriben por propia voluntad en el Registro abierto a tal efecto; su actividad constituye una carga pública y no perciben suma alguna por su actuación -arts. 94° inc. 1° y 95° de la L.O.M.-. Por último, su representación se extingue en el plazo de un año, ya que cada 30 de abril caduca la vigencia de la lista que integran -art. 94° inc. 7° norma citada-.

            Lo antes señalado debemos interpretarlo armónicamente con el resto de las disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades. El art. 24° de la referida ley establece que la sanción de las ordenanzas y disposiciones del municipio corresponden con exclusividad al Concejo Deliberante. Por su parte, el art. 29° dispone que el Concejo sancionará las Ordenanzas Impositivas ([i]) y la determinación de los recursos y gastos de la municipalidad; acto seguido exige que las ordenanzas que establezcan aumentos o creación de impuestos deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 193° inc. 2° de la Constitución Provincial, la que prevé la constitución de un órgano, a ese solo efecto, que es la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, los que tendrán a su cargo la sanción de esa ordenanza.

            Por otra parte, es el Concejo Deliberante quien sanciona el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos -art. 34° L.O.M.- estableciendo el art. 35° que el Concejo considerará el proyecto remitido por el Departamento Ejecutivo y no podrá aumentar su monto total. Como vemos, en este último caso establece que no podrá incrementar su monto total, no impidiendo su facultad de reducirlo, lo que implica que sólo posee dicha atribución el Concejo Deliberante.

            Los preceptos señalados avalan la postura que ya ha adoptado este Tribunal respecto a que la intervención de los Mayores Contribuyentes, impuesta por la Constitución Provincial, lo es a los efectos de sancionar -en caso de obtener la mayoría requerida- la Ordenanza Impositiva o efectuar su rechazo -en caso de no obtener la mayoría exigida-.

            El pronunciamiento al que hace referencia el art. 101° de la LOM es a partir de las discusiones que se generen en el seno de la Asamblea, las que se rigen por lo dispuesto en el art. 102°. En caso de producirse modificaciones a la Ordenanza Preparatoria ameritaría un retorno a la instancia que admita la formulación de un nuevo despacho de la Comisión, el que deberá ser aprobado por el Concejo con las mayorías requeridas, generando así una nueva Ordenanza Preparatoria que, para obtener sanción definitiva, necesitará del pronunciamiento de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes -art. 29° incs. 2° y 3° de la ley de referencia-.

            De no acontecer tal extremo, se violaría lo dispuesto en los artículos 24°, 29° primer párrafo y 34° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, mediante la constitución de una Asamblea que poseería mayores atribuciones que la del propio Órgano Deliberativo, circunstancia no contemplada dentro de la Ley Orgánica Municipal.

            Dicho de otro modo, si en el seno de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes se produjeran modificaciones a las Ordenanzas Fiscal e Impositiva alterando el espíritu de la normas, con incidencia en el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos, se estaría ubicando por sobre los propios Departamentos Ejecutivo y Deliberativo del Municipio a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, comprometiendo en consecuencia la percepción de impuestos y tasas suficientes para responder al presupuesto de gastos, el cual debe resultar equilibrado tanto en su formulación como en su ejecución.

            Esta situación, que debe ser evaluada por cada Intendente (ya que poseen la facultad de disponer su veto dentro de los diez días hábiles desde su notificación -art. 108° inc. 2 de la L.O.M.-), resulta una cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia, ya que una vez promulgada la Ordenanza sólo quien posea un interés jurídicamente tutelado podrá plantear su nulidad conforme a lo dispuesto por el art. 105° de la L.O.M., ello mediante una acción originaria de inconstitucionalidad, instituida en el art. 161 inc. 1° de la Constitución Provincial y reglada en los arts. 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, y/o a partir de algún cuestionamiento de los actos de aplicación de la misma, en el marco de lo dispuesto en el art. 3° del Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires.

            Promulgada por parte del Departamento Ejecutivo dicha Ordenanza, éste ya no tendría legitimación para plantear la ilegalidad o inconstitucionalidad de la misma, teniendo en cuenta que habría perdido su legitimidad activa para actuar, dado que con la promulgación habría consentido los vicios que pudiera haber tenido dicho instrumento jurídico. Una vez publicada, serán los contribuyentes y/o quienes se encuentren alcanzados por sus disposiciones, los que se hallen legitimados para cuestionar judicialmente la misma.

            De acontecer la circunstancia descripta en el párrafo anterior y de generarse algún perjuicio a las arcas de la Comuna, este Tribunal determinará oportunamente la responsabilidad de todos aquellos funcionarios que con su acción u omisión generaron el mismo.

[i]  Conforme lo dispone el art 54 del Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires la Ordenanza General de Impuestos se encuentra integrada por la Ordenanza Fiscal e Impositiva - conforme surge de la Circular 449/2011,  art. 1ro. Anexo XII apartado a). De tal modo cuando la Ley Orgánica de las Municipalidades se refiera a la Ordenanza impositiva, en la misma se encuentra incluida la Ordenanza Fiscal.