N° U.I.	2995
Fecha Salida	17/08/2011 
Estado	Público
Vocalía	
Municipalidades B
Expediente	4021-1117/11 
Ente	[021.0] Municipalidad de CARMEN DE ARECO
Ámbito	Provincial
Resúmen	Consulta: sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal 2511/10, referida a habilitaciones de comercios. Sobre la misma se presentan los siguientes interrogantes: a) si la derogación del capítulo habilitaciones de la Ordenanza Fiscal para reemplazarla por un nuevo texto, requiere de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes; b) si es factible lo dispuesto en el artículo 89 de la Ordenanza Fiscal, que exige al solicitante de una actividad comercial poseer una residencia en el partido no inferior de 4 años de antigüedad.

Respuesta:
a) En lo pertinente, tanto la Constitución Provincial en su artículo 193 inciso 2) como el artículo 29º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, establecen que la asamblea compuesta por los miembros del Concejo Deliberante y los mayores contribuyentes solamente se constituye cuando se trate de aumento o creación de impuestos o contribución de mejoras.
En función de ello, las derogaciones, modificaciones e incorporaciones a las ordenanzas impositivas, que no reflejen una creación o aumento de impuestos y contribuciones, no requieren la convocatoria a dicha asamblea.
b) Si bien el artículo 27º de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que corresponde al H. Concejo Deliberante la radicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales, en la medida que no se oponga a las normas que al respecto dicte la Provincia y que sean de su competencia, imponer límites al interesado en desarrollar actividades comerciales - en este caso contar con una residencia no inferior de 4 años para obtener la correspondiente habilitación municipal -, cercena el derecho constitucional de ejercer libremente el comercio, tal lo prescriben el artículo 14º y concordantes de la Constitución Nacional y 27 de la Constitución Provincial. Este último artículo establece que la libertad de comercio es un derecho asegurado a todos los habitantes de la Provincia, siempre que no ofenda o perjudique la moral o la salubridad pública, ni sea contrario a las leyes del país o los derechos de terceros; por consiguiente, se entiende que el artículo 89 de la Ordenanza Fiscal trasgrede las citadas normas constitucionales.