N° U.I.	30668
Fecha Salida	11/09/2019 
Estado	Público
Vocalía	
Municipalidades B
Expediente	4097-8920-2019-0-1 
Ente	[101.0] Municipalidad de SAAVEDRA
Ámbito	Municipal
Resúmen	
CONSULTA: Vienen estas actuaciones relacionadas con la consulta formulada por el señor Presidente del H. Concejo Deliberante de SAAVEDRA, referida a la declaración de utilidad pública y pago obligatorio a frentistas de una obra de asfalto en el Partido de Saavedra-Pigüe.

La intervención requerida a pedido de la Delegación Zona XII – Pigüe – de este Tribunal, lo es respecto de las dudas que puedan generarse ante doctrinas emanadas de la entonces Secretaría de Consultas, Empréstitos y Proyectos Especiales y de la otrora Secretaría de Consultas y Dictámenes de este Organismo.

RESPUESTA: Previo a ingresar al análisis de la doctrina vigente en la materia, convendría efectuar una introducción con el objeto de comprender la evolución gestada de la misma.

Principiamos por señalar que la Ordenanza General N°165/73 –de Obras Públicas Municipales- cohesiona con disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades, tal como ocurre con el artículo 60° del Decreto Ley 6769/58, el cual señala que las obras públicas municipales se realizarán: a) por Administración (la Ordenanza en este punto refiere “por ejecución directa, con fondos municipales”); luego continúa el artículo señalando como apartado b) por Contratación con terceros (en este punto la Ordenanza enrolaría tanto a las de “Ejecución por contrato directo entre vecinos y Empresas Constructoras” como a las de “Ejecución por Licitación Pública con percepción directa del costo por las Empresas”), para finalmente coincidir ambas normas en las dos modalidades restantes, realizadas mediante c) Cooperativas o asociaciones de vecinos y d) Acogimiento a leyes de la Provincia o de la Nación.

Sin adentrarnos en una discusión doctrinaria respecto de la constitucionalidad de las Ordenanzas Generales emanadas de los gobiernos de facto, tal como lo señala el Ministro de la Corte Dr. Soria en su voto en causa B.59.803 "Ochandio, José María contra Municipalidad de Tres Arroyos. Demanda contencioso administrativa", sentencia de fecha 29 de octubre de 2014, cuando señala que “… Es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la validez de los actos y normas de los poderes de facto está condicionada a que, explícita o implícitamente, el gobierno constitucionalmente elegido que lo suceda los reconozca (Fallos 310:933, 312:326, 328:3637, 328:4768)…”. Por lo que los municipios que invocan la aplicación de la Ordenanza General N°165/73 para efectuar las obras públicas municipales reconocen implícitamente su validez y, por tal motivo, este Tribunal debe efectuar su control de legalidad en base a la normativa que aplica la propia comuna, ello en la medida que las normas se encuentren vigentes al momento de su invocación.

Esta coexistencia preceptiva no se encuentra exenta de algún dispar criterio interpretativo que surja al momento de pretender esclarecer la lógica jurídica que surge de las disposiciones que se encuentran reguladas en ambos marcos normativos.

De tal modo, y como lo señala la Delegación Zona XII de Pigüé en su informe de fs.49/50, surgiría una nueva orientación doctrinaria que generaría un dispar criterio entre los dictámenes efectuados en SAN PEDRO –expte. N°5300-549-2013-0-0 del 21-10-2013; BALCARCE –expte. N°5300-782-2012-0-0 del 5-3-2013; PATAGONES –expte. N°4084-1225HCD/11 del 23-6-2011; y la que surge de los dictámenes efectuados en expedientes GENERAL LA MADRID –N°4043-1979-2019-0-1 del 26-4-2019; CHASCOMUS – N°4029-001-2018-0-1 del 26-12-2018 y CHASCOMUS – N°4029-002-2018-0-1 del 28-12-2018. Ello ha obedecido a que los mismos se han generado a partir de diferentes análisis: los primeros de los dictámenes referidos se encuentran imbuidos por lo dispuesto en el art. 11° de la Ordenanza N°165, el que generaría en principio una confusión al referirse al reintegro del costo de la obra y la imposición de la contribución de mejoras, subsumiendo ambos conceptos dentro de un solo párrafo haciendo parecer de tal modo que se podrían intercambiar los mismos sin que se altere su objeto.

Más cuando este Organismo ha integrado ambas normas, lo que aconteció con el segundo grupo de dictámenes, más recientes por cierto, donde no solo se ha tenido en cuenta lo señalado en dicha Ordenanza sino que se ha complementado con lo dispuesto en el art. 60° último párrafo al señalar el mismo que “…En los contratos con terceros para la realización de obras que generen contribución de mejoras, se podrá imponer al contratista la percepción del costo de la obra directamente de los beneficiarios…”. De ello se colige, con meridiana claridad, que el recupero de la obra conforma una escenario distinto de la contribución de mejoras y que en el caso como el de una obra realizada por un tercero, el mismo pueda llegar a percibir el costo directamente del beneficiario, restándole al municipio determinar si esa misma obra genera una contribución de mejoras, y solo en este último caso, de estimar la comuna que la obra ejecutada genera una mejora en los inmuebles de los contribuyentes que se han beneficiado con la misma, amerita la imposición de una contribución, de conformidad a lo dispuesto en el art. 193° inc.2 de la Constitución Provincial y arts. 93° y siguientes del Decreto Ley N°6769/58. Asimismo, para su aprobación e imposición requerirá de la sanción de una ordenanza que la contemple, la que deberá ser votada y sancionada por una Asamblea compuesta por Concejales y Mayores Contribuyentes.

Por otra parte, el recupero del costo de la obra conlleva el tránsito de otros carriles, los que se encuentran contemplados en la citada Ordenanza General N°165/73 –Secciones IV y V– o alguna otra que resulte aplicable en el municipio que sancione una Ordenanza que sustituya a aquella.

Dictámen de Delegación Zona XII -Pigüé-, parte pertinente:

"...Al respecto, y teniendo en cuenta las manifestaciones del consultante, ya que no acompañó documentación especifica relacionada a cada uno de los ítems, vale decir que ninguno de los interrogantes podría ser obstáculo para el dictado del acto administrativo propuesto.

El hecho de que Ia obra se encuentre en ejecución, no impide Ia declaración de su utilidad pública y obligación de pago por los frentistas, tal come surge del antecedente doctrinario que el señor Presidente cita y conoce (Doctrina HTC: GENERAL LA MADRID, expediente N° 4043-1979-2019-0-1, 261412019) el cual se precede a agregar a fojas 45/48.

En cuanto a los cuestionamientos al Registro de Oposición, habiéndose adoptado Ia modalidad legal exigida –licitación- (artículo 132 de Ia LOM), y vista la publicidad de la convocatoria a conformar dicho Registro, detallando el total de Ia obra (foja 29), no se aprecian justificativos que den sustento a los temores del consultante, máxime cuando según lo informado a fojas 30/41 solo un frentista se opuso en la localidad de Arroyo Corte, y ninguno lo hizo en las localidades de Espartillar, Dufaur, Goyena, Saavedra y Pigüe. ..."