N° U.I.	24690
Fecha Salida	06/02/2014 
Estado	Público
Vocalía	
Municipalidades B
Expediente	5300-681-2013-0-1 
Ente	[121.0] Municipalidad de TRES DE FEBRERO
Ámbito	Municipal
Resúmen	
Consulta: Solicita asesoramiento para la implementación de un nuevo sistema, que permita una más rápida y eficiente administración de la Justicia de Faltas Municipal. La reorganización orgánico-funcional consistiría en la supresión del Tribunal y la recuperación de la competencia por parte del Intendente Municipal; puntualmente, se consulta sobre la definición de la nueva estructura, destino de los jueces que quedan sin la función y responsabilidad del Intendente en el procedimiento juzgador.
           
Respuesta: El artículo 18 de la Ley Nº 8751 establece que “…el juzgamiento de las faltas municipales estará a cargo de la Justicia de Faltas, cuya organización, competencia, régimen de las sanciones y procedimiento se regirán por la presente ley…”, previendo el artículo siguiente dos alternativas para llevar a cabo la misma, esto es mediante Jueces de Faltas en aquellos partidos donde su Departamento Deliberativo hubiere dispuesto la creación de juzgados de faltas, o por los Intendentes Municipales, en donde no hubiere.
            En función de ello, se entiende que los municipios pueden suprimir los Juzgados de Faltas -ordenanza mediante- creados en su oportunidad cuando lo consideren conveniente, ejerciendo el titular del Departamento Ejecutivo la jurisdicción en materia de faltas.
.      Asimismo cabe señalar con respecto a la segunda inquietud, que este Organismo dictaminó en forma favorable el pago de una indemnización a los Jueces de Faltas cuyos juzgados fueron suprimidos, en base a los fallos favorables de la Justicia a dichas pretensiones y a los efectos de no originar un mayor perjuicio a las arcas municipales por un eventual reclamo. 
            Con relación al último de los temas consultados, se entiende que la responsabilidad que asumen los Intendentes Municipales cuando ejercen la jurisdicción en materia de faltas son las establecidas por la propia Ley 8751, debiendo para ello ser aplicando el procedimiento establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades, por ser este el cuerpo legal que regula sus competencias y las consecuencias de sus actos.    
 
Secretaría de Asuntos Jurídicos: Por las presentes actuaciones el Intendente de la Municipalidad de Tres de Febrero  solicita asesoramiento para la implementación de un nuevo sistema de juzgamiento de faltas, que permita una más rápida y eficiente administración de justicia de faltas municipal. La reorganización orgánico-funcional consistiría en la supresión del tribunal y la recuperación de la competencia por parte del Intendente Municipal. Específicamente se consulta sobre la definición de la nueva estructura de faltas, destino de los jueces que quedan sin la función y responsabilidad del Intendente en el procedimiento juzgador. 
En principio comparto lo expuesto por la Secretaría preopinante –de acuerdo al "principio de paralelismo de las competencias"- que la supresión o disolución de los juzgados de faltas municipales, sea dispuesta por el mismo órgano habilitado para crearlos -Concejo Deliberante Municipal- (conf. doctrina de la SCBA en las causas B. 57.912, "Concejo Deliberante de Coronel Suárez c/ Municipalidad de Coronel Suárez s/ Conflicto art. 196 Const. Prov.", res. del 6-V-1997; B. 57.251, "Dragui", sent. de 30-VI-1998, por mayoría; B. 57.454, "Sebey", sent. de 1-III-2004, por mayoría); atribuyendo el ejercicio de la función jurisdiccional en la materia al Intendente municipal e indicando expresamente los motivos que fundamenten la razonabilidad de la medida. 
A mayor abundamiento, el decreto que disponga el cese de los jueces del tribunal de faltas, deberá emitirse con el dictamen jurídico previo exigido por los artículos 57 y 103 de la ordenanza general 267/80, a efectos de respetar el principio del debido proceso que rige el procedimiento administrativo consagrado en el artículo 15 de la Constitución provincial.
Respecto al segundo interrogante, y si bien la jurisprudencia ha establecido que los “jueces de faltas” son en realidad funcionarios municipales que designa el Intendente municipal previo acuerdo del Concejo Deliberante; gozan de estabilidad o inamovilidad en sus funciones y están amparados por un régimen especial de remoción para preservar su autonomía (artículos 21, 22 y ss. del decreto ley 8751/77), también es cierto que les resultan aplicables las normas generales que alcanzan a los funcionarios comunales –ley 11757 (Estatuto del Empleado Municipal)- en aquellos aspectos no regulados expresamente por el propio régimen de faltas y en tanto no fuesen incompatibles con su cometido específico.
Por ello, frente a la supresión del Tribunal de Faltas y a fin de garantizar el derecho a la estabilidad, el Departamento Ejecutivo deberá decretar la situación de disponibilidad absoluta, la cual no podrá ser superior al término de noventa (90) días a partir de la fecha en que se notifique la supresión referida. El funcionario que se hallare en esas condiciones durante dicho período podrá ser reasignado, disponer su rotación o ser reubicado, en cualquier vacante de igual clase, si reúne las condiciones exigidas para la misma. Entretanto no prestará servicios, percibiendo la totalidad de las retribuciones y asignaciones que le correspondan. Si la reubicación no precediere o no resultare posible, cumplido el plazo de disponibilidad, se operará el cese en forma definitiva, oportunidad en la que se acordará una indemnización (conforme a lo normado en los arts. 9 inc. 2, 18 y 24 inc. 2 de la ley 11.757). 
Ahora bien, con relación a la responsabilidad que asumirían los Intendentes al ejercer la jurisdicción en materia de faltas, adelanto que no les resultaría aplicable el procedimiento establecido por el artículo 23 y siguientes del decreto ley 8751/77, toda vez que la norma efectúa las distinciones que se examinarán a continuación. 
El artículo 19 de la norma citada, dispone que la jurisdicción en materia de faltas será ejercida por los Jueces de Faltas, en aquellos partidos donde su Departamento Deliberativo hubiere dispuesto la creación de Juzgados de Faltas; por los Intendentes Municipales, en los partidos donde no hubiere Juzgado de Faltas y, en los casos de excusación de los Jueces de Faltas, en los partidos donde los hubiere; y por los Jueces de Primera Instancia en lo Penal, cuando entendieren en grado de apelación. 
Por su parte, el artículo 22 establece las causales de remoción de los Jueces de Faltas, mientras que los artículos 23 al 25, regulan el procedimiento para llevar a cabo el juicio. Estos artículos fueron modificados por la ley 10269, en cuyos propios fundamentos se manifiesta expresamente que “el concejo deliberante, órgano democrático por excelencia, debe estar facultado para ejercer un control directo de la buena gestión de los funcionarios comunales, no escapando a dicho control la gestión de los jueces de Faltas. Por ello, es viable establecer un sistema de remoción más acorde con el estado de derecho y con la naturaleza administrativa de tales funcionarios, concediéndose tal facultad al concejo deliberante”.
Conforme a lo expuesto, se observa que tanto en las causas como en el procedimiento de remoción, la ley se refiere expresamente a los “Jueces de Faltas” y nada dice con relación a los Intendentes municipales. 
Asimismo, se establece que el jurado de siete (7) miembros, estará compuesto -entre otros- por “un (1) Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal con jurisdicción en el partido al que el Municipio corresponda…; tres (3) Abogados inscriptos en la matrícula del Colegio Departamental al que corresponda el Municipio...”, por lo tanto, no se advierte cual sería el motivo para interpretar que los miembros citados, se hallarían facultados para remover a un Intendente que ejerza la jurisdicción en materia de faltas.    
En síntesis, en caso de que el Intendente se encuentre en ejercicio de dicha jurisdicción e incurra en alguna de las causales de remoción referidas, no le resultaría aplicable el procedimiento especial de remoción establecido en el decreto 8751/1977, modificado por la ley 10.269 (artículos 22 a 25) para los Jueces de Faltas municipales. 
Lo expuesto debe entenderse sin perjuicio del cumplimiento del resto de las disposiciones establecidas en el Código de Faltas Municipales y de sus funciones de administrar y ejecutar las ordenanzas de la Comuna, con las obligaciones emergentes del principio de responsabilidad de los funcionarios municipales reglado en los artículos 241 y siguientes de la Ley Orgánica de Municipalidades.