N° U.I.	24719
Fecha Salida	06/03/2014 
Estado	Público
Vocalía	
Municipalidades B
Expediente	5300-104-2014-0-1 
Ente	[015.0] Municipalidad de BRANDSEN
Ámbito	Municipal
Resúmen	
Consulta: Sobre la delegación de funciones del juez de faltas, practicada por un decreto y prorrogada sucesivamente. 
           
Respuesta: La presente inquietud se formula como consecuencia de que la delegación practicada  excede las funciones que pueden realizarse, de acuerdo con la doctrina fijada por este organismo en el marco de los expedientes citados en la nota de elevación. 
                         Dicha doctrina se fundamentó en el artículo 37 de la Ley 8751, que determina que los jueces de faltas podrán delegar la instrucción del sumario en funcionarios del juzgado o en los que a tales efectos y a su pedido les asigne el Departamento Ejecutivo, razón por la cual se concluyó que solamente se pueden delegar determinadas funciones, debiendo mantener el dictado de las respectivas sentencias.    
 
Secretaría de Asuntos Jurídicos: "Por las presentes actuaciones el Intendente de la Municipalidad de Brandsen consulta sobre la delegación de funciones de Juez de Faltas efectuada y prorrogada sucesivamente por decretos municipales, acompañando antecedentes administrativos y jurisprudenciales.
Liminarmente, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia ha dicho que las faltas implican un juzgamiento de las personas en el ámbito del denominado derecho penal administrativo, y cuya implementación debe ser considerada un avance jurídico que separa dicho ámbito funcional de las tareas netamente ejecutivas. En ese sentido -y aunque refiriéndose a la reestructuración dispuesta por la ley 11685- expresó “(...) la circunstancia de que el Intendente municipal conserve atribuciones en materia de faltas en los términos del Código respectivo (dec. ley 8751 y ley 10.269) se explica como potestad residual para determinadas hipótesis, pero no como principio de competencia…” (Causa B. 57.454, “Sebey”, sent. de 1-III-2004, por mayoría). 
Por ello, y toda vez que la potestad en materia de faltas de los Intendentes es de carácter “residual”, ajustándose a los supuestos establecidos por el Código de Faltas Municipales (artículo 19), considero que no resulta razonable interpretar que los secretarios del mismo se hallan facultados para ejercer dicha jurisdicción. 
Por otra parte, la jurisprudencia ha establecido que los “jueces de faltas” son en realidad funcionarios municipales que designa el Intendente municipal previo acuerdo del Concejo Deliberante, y de acuerdo al "principio de paralelismo de las competencias", la supresión o disolución de los juzgados de faltas municipales, debe ser dispuesta por el mismo órgano habilitado para crearlos. Huelga aclarar que el Concejo Deliberante tampoco interviene en el nombramiento de los secretarios del Departamento Ejecutivo.
Respecto a la delegación de las facultades de Juez de Faltas fundada en el artículo 181 de la L.O.M., estimo que si bien la norma dispone que los Intendentes Municipales pueden delegar, por resolución expresa, el ejercicio de facultades propias en los secretarios, según su competencia; no se hallan facultados para realizarlo en materia de atribuciones reglamentarias que establezcan obligaciones para los administrados (apdo. 1). Por ende, la jurisdicción en materia de faltas y, en su caso, la aplicación de las sanciones respectivas, no podrían delegarse en secretarios del Ejecutivo Municipal. 
En síntesis, comparto lo sustentado por la doctrina de este Organismo en materia de delegación -tal como lo expresó la Secretaria preopinante-, en tanto el artículo 37 de la ley 8751 determina que los jueces de faltas podrán delegar la instrucción del sumario en funcionarios del juzgado o en los que a tales efectos y a su pedido les asigne el Departamento Ejecutivo, razón por la cual los Intendentes, solamente podrían delegar determinadas funciones, debiendo mantener el dictado de las respectivas sentencias. 
Por último, y no obstante el criterio expuesto por el Juzgado en lo Correccional N° 1 de San Isidro, resulta necesario aclarar que este Tribunal de Cuentas debe tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad, cuando una situación pueda generar -aunque más no sea potencialmente- la posibilidad de un perjuicio para la hacienda pública. Sin perjuicio de ello, las autoridades pueden o no ajustarse a las indicaciones que se realicen, lo que no podrán hacer posteriormente es encontrarse sorprendidas por los lineamientos establecidos por parte del mismo respecto del tema traído al momento de efectuar el control de legalidad establecido constitucional y legalmente, especialmente al expedirse sobre la aprobación o desaprobación de la cuenta rendida."